La Defensora del Pueblo, Iris Marín, asegura en una entrevista con EFE que, aunque hay un "riesgo general" para los candidatos de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, no hay uno "específico o inminente", pero advierte que el uso de la estigmatización entre los políticos alimenta la violencia política.

"La democracia colombiana hay que cuidarla minuto a minuto. El riesgo general está, pero no vemos un riesgo específico e inminente de unas amenazas", dice en Madrid la abogada especializada en derechos humanos y justicia transicional, y primera mujer en ocupar la Defensoría del Pueblo en Colombia.

La defensora advierte de que "sigue habiendo esa inercia de violencia política" y la "estigmatización acusando que un candidato de derecha es paramilitar o uno de izquierda es guerrillero, y eso incrementa el nivel de riesgo".

Para Marín, la prueba es el atentado contra el precandidato de derechas Miguel Uribe Turbay el 7 de junio del año pasado: "Nuestro llamado es a que las campañas tomen conciencia de que la forma en que se desarrolla el debate puede alentar la violencia. El ambiente de violencia general alimenta la violencia política pasando de lo simbólico a lo letal".

El fantasma del magnicidio

El atentado contra Uribe Turbay -que murió el 11 de agosto pasado- rememoró los tiempos más turbulentos de la política colombiana, cuando en la campaña de 1990 fueron asesinados tres candidatos presidenciales (Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro).

"Todos los candidatos cuentan con esquemas de protección blindados, pero esto es algo que hay que monitorear todo el tiempo. Uno no puede ni tranquilizarse ni entrar en pánico", sostiene.

Los riesgos siguen ahí. Por ejemplo, en el departamento del Cauca (suroeste), controlado por varios grupos de disidencias guerrilleras de las extintas FARC, han visto vallas que avisaban a candidatos de derechas que no entraran a la zona.

Ante este panorama, la Defensoría ha impulsado un compromiso para un "proceso electoral libre y en paz", suscrito por la mayoría de aspirantes excepto el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y la senadora uribista (derecha) Paloma Valencia.

En este decálogo, el punto que menos cumplen los candidatos es el de eliminar la estigmatización: "Esa lógica de estigmatizar al otro como enemigo que puede ser eliminado se traslada tanto a las campañas en lo simbólico como a los grupos en la violencia armada".

"Cuando el adversario es visto como alguien que no debe hacer parte de la sociedad, ahí se cruza una línea. Eso alimenta la confrontación armada", lamenta.

La irrupción de grupos armados en campaña

Las elecciones legislativas del pasado domingo, dice Marín, transcurrieron con "cierta tranquilidad y bien", porque el problema suele estar en las campañas y en las amenazas para la libertad de los votantes y los candidatos.

Hacer campaña es peligroso en zonas controladas por grupos, que incluso llegan a decidir quién puede o no prepararse.

Marín recuerda que los armados impiden actividades proselitistas, prohíben hablar de ciertos temas, pueden amenazar candidaturas, pedirles a otras que se retiren o privilegiar algunas.

Como ejemplo, cita un incidente en Arauca (este) donde el ELN atacó la caravana de un candidato al Senado tras no detenerse en un retén ilegal. En otras zonas, los candidatos al Congreso y al Senado "tuvieron que cerrar sus propuestas a lo que era aceptable para los grupos armados".

Esto desemboca en un problema que no será nuevo en el Congreso que se inaugurará el 20 de julio: la cooptación de la política.

"No digo necesariamente que quienes fueron electos trabajen para los grupos armados directamente (...), pero puede haber diferentes niveles de interferencia: seguramente muchos son sometimiento, pero en otros casos vamos a encontrar una complicidad mayor", advierte.

El balance del Gobierno de Petro

Marín fue elegida de una terna presentada por Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas del país, pero se ha mantenido crítica ante ciertas acciones del Gobierno y no ha dudado en señalar violaciones de derechos humanos o cuestionar nombramientos de personas con denuncias de violencia machista.

"El fenómeno de deterioro de la seguridad en Colombia viene de antes, pero no se detuvo en el Gobierno Petro", sentencia la defensora respecto a si el país es hoy más pacífico que hace cuatro años.

Atribuye la expansión de grupos como el Clan del Golfo —que ha duplicado su presencia y hoy opera en 468 municipios, el 42 % del país— a la tardía implementación del acuerdo de 2016.

Petro ha intentado negociar con los principales grupos sin éxito. Marín critica que el Gobierno ha tenido "falencias en la respuesta" y pide abandonar "el falso debate entre paz o seguridad".

"Hay que hacer ambas cosas", apunta, "las estrategias tienen que incluir políticas de sometimiento a la justicia; que sientan la presión de que van a tener que rendir cuentas".

Marín ve fallos en dos puntos de las negociaciones: "los ceses al fuego bilaterales dieron un alivio, pero la fuerza pública se retiró de una disputa territorial entre grupos armados, y eso terminó siendo peor" y "la suspensión de órdenes de captura (a negociadores) también hay que monitorearla; está siendo usada para seguir cometiendo crímenes".

Y ahora el país se enfrenta de nuevo a la posibilidad de que el próximo presidente sea contrario a la paz. Por eso, Marín advierte que quien asuma la presidencia en agosto tiene la obligación constitucional de cumplir el acuerdo de paz.

Oponerse a eso "sería perder más tiempo" para la paz en Colombia, concluye.

EFE